LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZABAL



Fue realizada en los reinados de Carlos III y Carlos IV entre 1766 y 1808. Fue iniciada cuando Carlos IV obtuvo permiso de la Santa Sede para expropiar los bienes de los jesuitas y de obras pías que en conjunta venían a ser una sexta parte de los bienes eclesiásticos, se desamortizaron bienes de la Compañía de Jesús, de hospitales, hospicios, Casas de Misericordia y de Colegios Mayores universitarios e incluía también bienes no explotados de particulares.

El valido Godoy decretó la desamortización que inició el ministro Mendizábal, un proceso histórico, económico y social iniciado en España a finales del siglo XVIII y cerrado ya muy entrado en diciembre de 1924. La enorme deuda  originada por una politica siempre belicista del gobierno y un desproporcionado  y enorme crecimiento de la deuda pública obligaron a iniciar la desamortización. Mendizábal, tras la correspondiente nacionalización y posterior venta en subasta, pasan a formar propiedades nuevas, con plena libertad de uso y disposición. Eran tierras «manos muertas» sin explotación de la Iglesia, órdenes religiosas y nobiliarios, que habían acumulado como beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos. Tuvo unas consecuencias muy importantes para la historia social de España, aunque sus resultados fueron escasos (ya no gestionados por Mendizábal, que cesó como ministro en mayo de 1836, sino por sus sucesores)

La guerra obligaba al Estado a obtener recursos y se difundió en el país un clima anticlerical. Ello facilito a los gobiernos liberales la desamortización, de cuya acción resulto que de 2000 conventos existentes solo quedaron 300. Mendizábal declaraba en venta todos los bienes pertenecientes al clero regular, y se destinaban los fondos obtenidos a la amortización de la deuda pública.

Bajo la regencia de Espartero, se impuso la desamortización a los bienes del clero secular, igualmente desamortizados. Fue finalmente con la vuelta de los moderados, se había amortizado el 62% de las propiedades de la iglesia. Esta ley durará escasamente tres años y al hundirse el partido progresista la ley fue derogada. En 1844 se suspendieron las subastas, aunque el gobierno del general Narváez garantizó las ventas ya realizadas.

Las fincas fueron tasadas por peritos de Hacienda y subastadas después, alcanzando una puja media del 220% sobre el precio de salida. En la práctica los propietarios y los inversores burgueses acapararon las compras, puesto que eran los únicos que tenían liquidez, sabían pujar y podían controlar fácilmente las subastas. Comprar era un excelente negocio: sólo se abonaba el 20% al contado. Como la división de los lotes se encomendó a comisiones municipales, estas se aprovecharon de su poder para hacer manipulaciones y configurar grandes lotes inasequibles a los pequeños propietarios, pero pagables en cambio por las oligarquías muy adineradas, que podían comprar tanto grandes lotes como pequeños.

La desamortización no soluciono el grave problema de la deuda del Estado, pero si contribuyó a atenuarlo. Los terrenos desamortizados fueron únicamente eclesiásticos que habían caído en desuso. A pesar de que expropiaron gran parte de las propiedades de la Iglesia, ésta no recibió ninguna compensación a cambio. Por esto la Iglesia tomó la decisión de excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras, lo que hizo que muchos no se decidieran a comprar directamente las tierras y lo hicieron a través de intermediarios o testaferros.

Las consecuencias de la desamortización fue el desmantelamiento casi completo de la propiedad de la Iglesia y de sus fuentes de riqueza, toda vez que el diezmo que abonaban forzosamente los ciudadanos fue igualmente suprimido en 1837. La desamortización no produjo un aumento de la producción agraria, contra lo que pretendían sus promotores. Los nuevos propietarios, en general, no emprendieron mejoras, sino que se limitaron a seguir cobrando las rentas y las incrementaron, al sustituir el pago de los derechos señoriales y diezmos por nuevos contratos de arrendamiento. Muchos de los nuevos propietarios vivían en las ciudades, completamente ajenos a las actividades agrícolas, la desamortización provocó un reforzamiento de la estructura de la propiedad de las tierras y se acentuó el latifundismo.    

En las ciudades la mayoría de los inmuebles estaba en el centro urbano, la desamortización contribuyó a un urbanismo discriminador. La alta burguesía acaparó los mejores edificios del centro, excluyendo a las clases medias, confinadas en las viejas viviendas, y dejando para los obreros los arrabales de la periferia. Desde el punto de vista del Medio Natural, la Desamortización supuso el paso a manos privadas de millones de hectáreas de montes, que acabaron siendo talados y roturados, causando un inmenso daño al patrimonio natural español que aún hoy es perceptible. 

La segunda gran desamortización iniciada con la Ley Madoz de 1855, formó parte del programa del gobierno progresista del bienio. Establecía la venta en subasta pública de toda clase de propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, a la Iglesia, los propios y baldíos de los Municipios y, en general, todos los bienes que permanecieran amortizados. Se trataba, por tanto, de completar y terminar el proceso de desamortización iniciado por Mendizábal en 1836, las consecuencia de esta Ley de Madoz fueron la eliminación de la propiedad comunal y de lo que quedaba de la eclesiástica, lo que provoco un agravamiento considerable de la situación económica del campesinado, y una ruptura de las relaciones con la Iglesia, ante la flagrante violación del concordato. La desamortización de Madoz estuvo en vigor hasta 1895, año en que fue derogada, aunque desde 1856 apenas hubo subastas, ya que poco quedaba por vender. Sí continuó habiendo importantes partidas de ingresos de la Hacienda durante esos 40 años, al irse abonando los pagos aplazados.

Se declaraban en venta todas las propiedades del Estado, del clero, de las Órdenes Militares, cofradías, obras pías, santuarios y los comunes de los pueblos, de la beneficencia y de la instrucción pública, con las excepciones de las Escuelas Pias y los hospitalarios de San Juan de Dios, dedicados a la enseñanza y atención médica respectivamente puesto que reducían el gasto del Estado en estos ámbitos. Igualmente se permitía la desamortización de los censos pertenecientes a las mismas organizaciones. Fue la que alcanzó un mayor volumen de ventas y tuvo una importancia superior a todas las anteriores, sin embargo la historia se ha ocupado tradicionalmente mucho más de la de Mendizábal. Su importancia reside en su duración, el gran volumen de bienes movilizados y las grandes repercusiones que tuvo en la sociedad española. 

En 1867 se habían vendido en total 198.523 fincas rústicas y 27.442 urbanas. El estado ingresó 7.856.000.000 reales entre 1855 y 1895, casi el doble de lo obtenido con la desamortización de Mendizábal. Este dinero se dedicó fundamentalmente a cubrir el déficit del presupuesto del Estado, amortización de Deuda pública y obras publicas, reservándose 30 millones de reales anuales para la reedificación y reparación de las iglesias de España. En conjunto, se calcula que de todo lo desamortizado, el 30% pertenecía a la iglesia, el 20% a beneficencia y un 50 % a las propiedades municipales, fundamentalmente de los pueblos. El Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo de 1924 derogó definitivamente las leyes sobre desamortización de los bienes de los pueblos.

El proceso desamortizador contribuyó claramente al cambio hacia una sociedad burguesa. Significó el traspaso de una enorme masa de tierras a nuevos propietarios y la fusión de la antigua aristocracia feudal con la burguesía urbana para crear la nueva elite terrateniente. Muchos cuadros y libros de monasterios fueron vendidos a precios bajos gran parte de los libros fueron a engrosar los fondos de las bibliotecas públicas o universidades. Quedaron abandonados numerosos edificios de interés artístico (iglesias, monasterios) con la consecuente ruina por el paso del tiempo sin mantenimiento, otros se transformaron en edificios públicos y fueron conservados para museos y otras instituciones.

En el aspecto urbanístico, la desamortización de los conventos contribuyó a la modernización de las ciudades. Se pasó de la ciudad conventual, con grandes edificios religiosos, a la ciudad burguesa, con construcciones de más altura, ensanches y nuevos espacios públicos. Los antiguos conventos se transformaron en edificios públicos (museos, hospitales, oficinas, cuarteles), otros se derribaron para ensanches y nuevas calles y plazas, algunos se convirtieron en parroquias o tras subasta pasaron a manos privadas.

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